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Beneficiarios Reales en México


El tema de Beneficiarios Reales ha cobrado mayor importancia a raíz de los escándalos de evasión de impuestos y corrupción que se detonaron con las filtraciones de los Panama Papers (2016) y Paradise Papers (2017). Ahora, en el contexto de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y el combate internacional contra la corrupción, México se encuentra ante la posibilidad de ser precursor en el tema mediante la implementación de un Registro Público Nacional que revele información veraz, actual y abierta sobre quienes toman decisiones y se benefician de la explotación de los recursos del país.

Para ello, son necesarios varios esfuerzos, comenzando con el marco regulatorio, la coordinación de las instituciones gubernamentales y la participación proactiva de las empresas. Esto implica voluntad política y compromiso de los sectores interesados en el tema.

Cabe mencionar que, un registro mal implementado puede correr el riesgo de convertirse en otro caso más del llamado “openwashing”. Por lo tanto, estamos en un momento muy importante en cuanto a la construcción democrática de sistemas de transparencia y rendición de cuentas sobre las industrias y el combate a la corrupción y la captura corporativa del estado.

Para PODER un Beneficiario Final es la persona física o natural quien, directa o indirectamente y en última instancia, posee, influencia, controla y/o se beneficia de al menos el 5% de un activo mediante un vehículo corporativo, sociedad mercantil o fideicomiso. Dicho control o influencia también puede ser ejercido bajo el amparo de tres mecanismos institucionales que promueven la opacidad financiera: el secreto bancario, el blindaje fiduciario y la celebración de contratos entre particulares.

Con este documento se pretende brindar un análisis de la situación de los Beneficiarios Reales en México, no sin antes contextualizar el tema a nivel global. En la primera parte se presenta el estado del marco regulatorio mexicano junto con una evaluación del mismo basada en los resultados de trabajos empíricos sobresalientes y en la información recopilada mediante entrevistas semi-estructuradas con especialistas. La segunda parte propone medidas concretas para implementar un Registro Público de Beneficiarios Reales basándose en las posibilidades políticas existentes en el país y las mejores prácticas a nivel internacional.

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